Diario expreso. 13 Dic 2024.
Por: Carlos de la Torre Paredes.
Hace unos días, el Tribunal Constitucional de Rumanía tomó una decisión histórica al anular las elecciones presidenciales luego de que sus sistemas de inteligencia detectaran interferencia rusa en la campaña del candidato que logró el primer lugar en la primera vuelta electoral. Esta intervención incluyó financiamiento no declarado y una sofisticada manipulación de la opinión pública mediante miles de cuentas falsas y el uso estratégico de influencers en TikTok para compartir contenido electoral sin transparentar su naturaleza publicitaria.
El contexto geopolítico actual, combinado con la posición estratégica de Rumanía como miembro de la OTAN y el hecho de que tiene una gran base en su territorio, la hacen vulnerable a los intereses rusos, que buscan debilitar a la alianza occidental.
Sin embargo, la injerencia rusa en el proceso rumano no es un caso aislado. Según un informe de 2019 del fiscal especial Robert Mueller, durante las elecciones de EE. UU. de 2016, el gobierno ruso interfirió de manera significativa mediante una campaña de desinformación en redes sociales y el hackeo de correos electrónicos pertenecientes al Comité Nacional Demócrata y a la campaña de Hillary Clinton.
También se especula sobre injerencia rusa en la campaña del Brexit en el Reino Unido en 2016; el referéndum de Cataluña en España en 2017; en los Balcanes, cuando se vinculó a Rusia con un fallido intento de golpe de Estado durante las elecciones parlamentarias en Montenegro en 2016; en procesos electorales en África, donde Rusia ha extendido su presencia; entre otros varios casos.
La desinformación y las campañas de manipulación no son fenómenos nuevos, pero su alcance y eficacia han aumentado exponencialmente con el auge de las redes sociales. Plataformas como TikTok, Facebook y Twitter se han convertido en espacios fértiles para la difusión de información falsa o manipulada, permitiendo influir en el comportamiento electoral de millones de personas.
En el contexto peruano, el riesgo de injerencia en procesos electorales es un escenario probable. Si bien la geopolítica de Perú no lo convierte en un blanco directo de potencias extranjeras como Rusia, los países colindantes y actores internacionales podrían tener intereses en influir sobre qué candidato llega al poder o qué proceso político le conviene a sus intereses geoestratégicos.
Además, la manipulación no solo proviene del exterior. Actores internos pueden ser igual de capaces de influir en el voto mediante campañas de desinformación, como se vio en la última campaña de elecciones generales, donde las redes sociales fueron utilizadas para desinformar en pro de uno u otro candidato, lo que terminó con un largo periodo de no reconocimiento de los resultados, hecho que, claramente, debilita nuestra democracia.
Frente a estos desafíos, es imprescindible que las democracias modernicen sus sistemas de vigilancia electoral y promuevan marcos regulatorios claros para las campañas en el entorno digital.
Esto incluye la necesidad de exigir que las plataformas digitales implementen mecanismos más rigurosos para identificar y eliminar campañas de desinformación y cuentas falsas. Además, los organismos electorales deben ser más proactivos en la supervisión de los contenidos políticos en línea, exigiendo a los partidos y candidatos la declaración de todas las estrategias digitales utilizadas durante sus campañas.
Al respecto, algunos países ya vienen estableciendo mecanismos para luchar contra la desinformación. Por ejemplo, Francia y Alemania han combinado medidas legislativas, iniciativas educativas y cooperación con plataformas digitales, además de duras sanciones a las plataformas de redes sociales que no combatan la información falsa.
El caso de Rumanía debería servir como una advertencia para el Perú y el resto del mundo. La integridad de las democracias depende de su capacidad para adaptarse a los desafíos de la era digital, donde las fronteras entre la información legítima y la propaganda manipulada se han vuelto cada vez más difusas, perjudicando la cohesión social y la confianza en las instituciones.